ESPAÑA

Se prevé mantener la actualización de las pensiones, pero se congelarán los salarios de los funcionarios. No aumentará el IVA y no habrá recortes en los subsidios de desempleo ni en becas de estudios.

El gobierno de Mariano Rajoy dio hoy “luz verde” a los esperados presupuestos generales del Estado español para 2012, los más austeros en décadas, que contienen ajustes por 27.300 millones de euros con el fin de alcanzar los objetivos de déficit público fijados por la Unión Europea (UE).

Apenas un día después de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral que abarata el despido, el consejo de ministros aprobó unos presupuestos que contemplan un recorte promedio en los gastos de los ministerios del 16,9 por ciento y aumentos en los impuestos para las empresas.

“Estamos ante una situación crítica que tenemos que responder con los presupuestos más austeros de nuestra democracia”, afirmó el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quien habló de un “ajuste muy duro” con el “objetivo ineludible” de reducir el déficit.

Con los presupuestos, mantenidos en secreto hasta hoy y que serán presentados el próximo martes ante el Congreso de los Diputados, el gobierno del conservador Partido Popular (PP) espera cumplir la meta de déficit público del 5,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) acordada con Bruselas, después de que el año pasado ascendiera al 8,51 por ciento, frente al 6,0 previsto inicialmente.

Para ello, no subirá el impuesto sobre el valor añadido con el fin, según Montoro, de no desincentivar el consumo. No obstante, el gobierno prevé ingresar 12.314 millones de euros adicionales con cambios en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y en el impuesto especial sobre el tabaco.

Al mismo tiempo, el consejo de ministros aprobó una amnistía fiscal con el fin de regularizar rentas no declaradas tanto de dentro como de fuera de España, a las cuales se les aplicará un gravamen especial de apenas el 10 por ciento.

En la misma conferencia de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría indicó que se congelarán los salarios de los funcionarios, que ya habían sido rebajados por el anterior gobierno socialista. Sin embargo, se mantendrá la actualización del poder adquisitivo de las pensiones, y no habrá recortes ni en el subsidio de desempleo ni en las becas de estudios.

Al margen de ello se recortarán en 1.500 millones de euros los gastos en políticas activas de empleo, mientras que el presupuesto en cooperación y ayuda al desarrollo disminuirá en al menos 1.389 millones. Mientras, el gobierno anunció también incrementos en la factura de la luz y del gas del siete y cinco por ciento respectivamente.

Sáenz de Santamaría subrayó que el país atraviesa una “situación límite” en lo referente a las cuentas públicas y el desempleo, pero aseguró que el saneamiento de las arcas estatales no se llevará a cabo “a cualquier precio”, en referencia al mantenimiento del gasto en campos como el subsidio de desempleo, ante el alto número de personas sin trabajo en el país, que superan los 5,3 millones.

La vicepresidenta indicó además que, junto a las medidas de consolidación fiscal, se seguirá adelante con las reformas estructurales con el fin de impulsar la economía y crear empleo. Entre estas, citó la reordenación del sector financiero y del mercado laboral, además de un mejor funcionamiento de las administraciones públicas, la ley de transparencia y reformas en el sistema judicial.

Antes de la presentación de los presupuestos, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró desde la reunión informal del Eurogrupo en Copenhague que estos servirán “para convencer” a los socios comunitarios, y consideró que “España va a dejar de ser un problema especialmente para los españoles y también para la Unión Europea”. “El presupuesto va a poner de manifiesto el compromiso del gobierno español con los objetivos de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal”, añadió.

Los presupuestos generales del Estado para 2012 fueron aprobados después de que el jueves, en conclusión a la huelga general, cientos de miles de personas salieran a la calle convocados por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral del gobierno.

En Barcelona se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestante. En el centro de la ciudad se incendiaron contenedores de basura y se rompieron escaparates de negocios, en una jornada que por lo demás discurrió sin grandes incidentes. Según fuentes oficiales, se registraron unos 80 heridos, entre ellos también algunos policías, y más de 50 personas fueron detenidas.

El gobierno insiste en que se mantendrán las líneas básicas de la reforma laboral, mientras la oposición y los sindicatos aseguran que ésta no servirá para crear empleo sino para destruirlo.

Fuente: DPA

Editor: Enrique López

(Fuente:  http://www.dw.de/dw/article/0%2c%2c15850545%2c00.html y selección de Mon Money)

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